Marco Legal en Argentina
Ley de Protección de Datos Personales (Ley 25.326)
La principal normativa que rige en el país es la Ley 25.326, sancionada en el año 2000, la cual establece principios y obligaciones para el tratamiento de datos personales. Su aplicación es supervisada por la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP), organismo encargado de garantizar su cumplimiento.
Algunos de los aspectos clave de esta ley incluyen:
- El consentimiento informado del titular de los datos.
- La obligación de garantizar la seguridad de la información.
- El derecho de acceso, rectificación y supresión de los datos personales.
- La prohibición de transferir datos sin autorización previa.
Decreto 1558/2001
Este decreto reglamenta la Ley 25.326 y detalla aspectos sobre la inscripción de bases de datos, los procedimientos para ejercer los derechos de los titulares y las sanciones ante incumplimientos.
Obligaciones para Empresas y Organizaciones
Las entidades que recopilan y gestionan datos personales deben cumplir con diversas obligaciones, entre ellas:
- Registro de Bases de Datos: Toda base de datos que contenga información personal debe estar registrada ante la AAIP.
- Política de Privacidad Transparente: Se debe informar claramente a los titulares cómo se recopilan, almacenan y utilizan sus datos.
- Medidas de Seguridad: Implementar protocolos para prevenir el acceso no autorizado, la pérdida o el robo de información.
- Atención a los Derechos de los Titulares: Las personas tienen derecho a solicitar información sobre sus datos y exigir correcciones o eliminación en caso de ser necesario.
Sanciones por Incumplimiento
El incumplimiento de las normativas de protección de datos en Argentina puede derivar en sanciones administrativas y multas impuestas por la AAIP. Además, en casos graves, las empresas pueden enfrentar acciones legales por daños y perjuicios.
El cumplimiento de la normativa de protección de datos personales en Argentina es fundamental para garantizar la privacidad y seguridad de la información. Empresas y organizaciones deben adoptar políticas adecuadas y medidas de seguridad para evitar sanciones y, sobre todo, para generar confianza en sus usuarios y clientes.